Cuando no queda otra que DEPENDER

LA REALIDAD QUE HOY EN DIA VIVE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

Desde el 2003 se comienza hablar en Europa de la necesidad de una ley que ayude al desarrollo de una vida digna para las personas con dependencia y para sus familiares cuidadores en la cual se ayude, de manera asistencial y económica a los familiares que dan su vida por ayudar a estas personas dependientes, e incluso que éstos últimos puedan cotizar en la seguridad social para que después de tan ardua dedicación puedan tener algo donde agarrarse.  Así es como se desarrolla en primer lugar en España la ley de dependencia aprobada en 14 de diciembre del 2006.

Esta ley de dependencia otorga al gobierno la responsabilidad de hacerse cargo de la ayuda compartiéndola con la Comunidades Autónomas siendo el porcentaje de cada una un 50%, pero en la actualidad esta repartición es totalmente asimétrica elevando hasta más del 80% el peso a las Comunidades Autónomas, con lo que cada C.A. se las ingenia para llevar como puedan el cumplimento de esta ley, creándose así desigualdades tremendas entre las diversas comunidades de nuestro país.

El problema de todo esto según el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales D. José Manuel Ramírez, antiguo presidente de la Observación estatal de la dependencia, es que al ser la administración quien gestione esta ayuda,  en vez de la seguridad social, éstas se ven alteradas por recortes y nuevos artículos que la modifican según convengan o no y según la importancia o no que le dé el gobierno que esté en cada mandato y por lo general nuestros gobernantes no ven prioritario la dignidad de la vida de estas personas. Además de los recortes y modificaciones ilógicas para el dependiente, se han suspendido las cotizaciones de las personas que las cuidan.

En la actualidad existe un alto porcentaje de dependientes que tiene aprobada la concesión de la ayuda, pero están años y años esperando su carácter definitivo y, por lo tanto, el dinero nunca llega. La administración genera un laberinto de trámites sin sentido que alarga el tiempo de espera, resultando así la friolera cantidad de más de un 35% de personas que están esperando la ayuda y mueren en el intento. El gobierno por otro lado genera planes para reducir estas listas y además gastarse el menor dinero posible haciendo parecer que los porcentajes de personas que están en esta lista de espera parezca que se haya reducido. Esto lo lleva a cabo haciendo llegar la ayuda principalmente a las personas dependientes de grado I, que es la de menor nivel de dependencia y por lo tanto la que menor cuantía reciben, y restringiéndosela a las personas con grado II o grado III, que son las que mayor nivel de dependencia padecen y mayor cuantía tendrían que percibir. Por lo tanto, los informes al respecto muestran una falsa mejoría, y así se lavan la cara ante el cumplimiento de esta ley que para nada se está cumpliendo. Aún si tienes la suerte de ser dependiente y recibir ayuda económica, un dependiente de grado III solo percibe un importe mensual de unos 400 euros, una cantidad mínima para todos los gastos que tienen que afrontar las familias con personas con este nivel de dependencia.

Para este último año, se aprobaron 100 millones de euros para la reducción de esta lista de espera, pero, según el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales D. José Manuel Ramírez y los informes públicos que aparecen en la memoria del IMSERSO, de estos 100 millones han dejado 44 millones sin repartir entre las personas aprobadas para percibir esta ayuda, dejando a muchas personas al límite del desahucio y en otras situaciones más complicadas, desamparándolos y demostrando la falta de solidaridad y respeto hacia todas estas personas. También aparecen casos de dependientes que, de buenas a primeras, les modifican el nivel de dependencia bajándolo a un nivel o dos inferiores sin que haya realmente una mejora en su enfermedad, sabiendo que los dependientes tienen dolencias por lo general degenerativas.

Ante toda esta situación, las personas dependientes o mejor dicho sus familiares, caen en la desesperanza y se rinden antes de llegar a entrar en trámites, por lo que, hay un descenso de las solicitudes de esta ayuda.

Por todo esto, podemos ver, que hoy por hoy, hay un incumplimiento de esta ley donde los únicos perjudicados son las personas más necesitadas y vulnerables de nuestro país y que el gobierno sencillamente no ve necesario ni rentable el gasto de recursos generados de nuestros impuestos a esta imperante necesidad, creando una engañosa realidad y una burla burocrática que lo único que genera es desesperación por todos los profesionales que trabajan en este ámbito, y por toda la población que, de una manera u otra, pertenece a este colectivo desamparado.

Toda la población española debería unirse y luchar por el cumplimiento de esta ley, llevándose a juicio estas injusticias y movilizándonos por los que no pueden ponerse en pie, porque están postrados de por vida.

Con respecto al educador social, como participe activo ante esta problemática, podemos encontrar una labor de ayuda importante que se centre en la intervención y prevención desde diferentes maneras, métodos y dinámicas, a la atención de las personas con dependencia, más concretamente a las personas mayores, tanto para las que necesitan de una ayuda asistencial como para retardar el momento de tener que necesitarla, generando acciones donde las personas mayores puedan desarrollarse dentro de la sociedad, haciéndoles así parte de ella y favoreciendo la longevidad de sus capacidades.